JACINTA

JACINTA

Jacinta una mujer adulta, de origen otomí. Como millones de indígenas en México no sabe leer ni escribir.El analfabetismo ha sido impuesto socialmente por cientos de años debido a la incapacidad de los padres para comprar a sus hijos cuadernos, uniformes, zapatos, pago de cuotas escolaresetc, en un país donde constitucionalmente la educación se supone laica, obligatoria y gratuita. Como todos los indígenas de esta tierra, que desde niños aprenden a ganarse la vida trabajando, a los siete años de edad ella vendía chicles por las calles del Distrito Federal, la ciudad capital del país. Trabajó también cuidando borregos hasta que cumplió los diez años. Desde siempre ha tenido que aprender muchas cosas para sobrevivir en un mundo que parece estar en contra.

Vive en un pueblo de clima semidesértico, y el día es caluroso desde muy temprano. Su principal fuente de ingresos proviene de un puesto ambulante de nieves con el que recorre la plaza todos los días.Desde las primeras horas de la mañana ya está atendiendo su puesto. A sus cuarenta y cinco años tiene seis hijos y otros tantos nietos. Y a veces sus hijas le ayudan a vender nieves.

Aquél día, siguiendo una tradición de muchos años fue a la misa de once de la mañana. Un sentimiento de agradecimiento al creador está profundamente arraigado en su corazón. Después volvió a su puesto a pedirle a una de sus hijas que la acompañara a ponerse una inyección a la farmacia. Ella habla muy bien su idioma natal, pero del español sólo sabe unas cuantas palabras y con frecuencia se sienteapenadacuandootras personas la escuchaban equivocarse, porque ello es motivo de burlas o miradas reprobatorias. Por eso es que lleva a su hija, para que ella explique lo que necesita.

Después de administrarse el medicamento, iba de regreso a su puesto cuando se dio cuenta que en un lado de la plaza se había iniciado un zafarrancho. Policías sin uniformes ni placas  que los identificaran,habían llegado de improviso al mercado para “decomisar mercancía pirata”. Pero los locatarios no estaban dispuestos a dejarse amedrentar, así que hicieron frente  a las fuerzas del orden, quienes finalmente perdieron la batalla.

Los locatarios indignados exigieron el pago por los destrozos ocasionados durante el asaltopoliciaco, setenta mil pesos en total. Para asegurarse de que les sería entregada la suma acordada, retuvieron  a uno de los agentes hasta que se cumplió el trato. Dentro de la plaza muchas personas curiosas se acercaron a mirar, entre ellas Jacinta, quien al igual que otros fue retratada por un fotógrafo en tercera o cuarta fila.

Aquél día terminó como muchos otros, Jacinta volvió a su casa con su familia sin que nada extraño ocurriera por tres meses, hasta que en la tarde del mes de agosto al llegar a su hogar los policías ya la estaban esperando.Dijeron su nombre y al confirmar que era ella, la detuvieron de inmediato en medio de un operativo policiaco con armas y camionetas. Con la conciencia tranquila de no haber cometido ningún delito, ella fue con los policías esperando que el equívoco se aclarara en poco tiempo, pues le dijeron que la llevaban a declarar por la tala de un árbol.

Se la llevaron sin decir más y después de un buen tiempo, al ver una serie de procedimientos y papeleo que ella no entendió, tuvo el valor para preguntar la razón de que la estuvieran custodiando elementos armados. La respuesta que le dieron no estaba del todo a su alcance comprenderla, pero sí supo de inmediato que se le acusaba de un delito que ella jamás cometió.

Si algo es común en el sistema de justicia mexicana es la fabricación de pruebas y testigos, irregularidades en los procesos, una mala integración de la averiguación previa y falta de pruebas. Y estos fueron precisamente los elementos por lo que Jacinta fue acusada de ser la líder del secuestro de los  seis  miembros de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia), aquél día del mes de marzo en que tuvo el desatino de pararse a mirar el zafarrancho y ser fotografiada.  Ella y  dos mujeres más fueron acusadas también, todas indígenas y  otomíes.

Fueron sentenciadas a veintiún años de prisión y una multa de noventa y un mil pesos por perjuicios a los funcionarios secuestrados. En la prisión la situación de ella y las otras acusadas no fue mejor, su dificultad para entender y hablar el español fue motivo de marginalidad por parte de sus mismas compañeras, quienes las rechazaban por considerarlas como“indias”. Fueron tres largos años en los que gracias a la intervención y presión de organizaciones no gubernamentales (ONG) y de Amnistía Internacional (AI),  se logró la revisión del caso. Finalmente fueron declaradas inocentes y puestas en libertad.

Pero retomar la vida tranquila que antes tuvo con su familia no es fácil. En un pueblo pequeño no es común que alguien sea metido a la cárcel, y menos si es mujer. Continuar la vida ahí implica soportar los señalamientos de quienes ahora la ven, como la mujer que estuvo en la cárcel. La vida ya era difícil siendo mujer, pobre e indígena y ahora lo es más, siendo una exconvicta.